A pesar de que era una de las medidas más ampliamente reclamadas por el colectivo de autónomos y pequeñas empresas desde hace años, el régimen de IVA de caja, en vigor desde el pasado 1 de enero de 2014, no ha tenido el éxito esperado. De hecho, y a pocos días de que termine el plazo para acogerse a este régimen fiscal –la fecha límite es el 31 de marzo, después de que el Gobierno ampliase el plazo inicial previsto para el 1 de enero-, solo una minoría de autónomos ha optado por este tipo de liquidación del IVA.

Aprobado como una de las medidas estrella de la Ley de Emprendedores, el régimen especial del criterio de caja, de carácter optativo, permite retrasar el devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento que se produzca el cobro efectivo por parte de sus clientes. Como contrapartida, también se aplaza la deducción del IVA soportado en las compras que se hayan realizado, hasta el momento en que efectúe el pago a sus proveedores (criterio de caja doble). Todo ello, con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en el que se hayan realizado las operaciones en cuestión.

El primer requisito que debe tenerse en cuenta es que el volumen anual de operaciones del interesado no debe superar los 2 millones de euros. Por otro lado, se excluyen de este régimen especial algunas actividades como la agricultura, la ganadería y la pesca o las adquisiciones intracomunitarias de bienes. Además, quien se acoja al IVA de caja debe saber que su adhesión se prorrogará de forma automática al año siguiente. Si se da de baja, no podrá volver a adherirse hasta que transcurra un plazo de tres años.

¿Cuáles son las razones de la escasa acogida del IVA de caja? Fundamentalmente, se debe a la adaptación contable que exige, no solo al autónomo o pequeño empresario que emite la factura, sino a sus clientes. Al no poder deducirse de forma inmediata el IVA en la siguiente declaración trimestral, muchas empresas prefieren contratar los servicios de otro proveedor. El temor a perder clientes es lo que ha echado para atrás a muchos posibles interesados. Tan solo las pymes y autónomos que trabajen con organismos públicos y quieran acogerse a este sistema parece que correrán mejor suerte, ya que la Administración se ha comprometido a facilitar la transición.